Esto es consecuencia con cuatro causas: una urbanística-municipal, otra legal, otra presupuestaria y otra administrativa.
La causa primera fue la extraña y contestada en su momento decisión urbanística de ceder un terreno para el instituto lejos del casco urbano. El responsable es el entonces Alcalde y además Concejal de Urbanismo.
La causa legal es la Orden 3793/2005, de 21 de julio, del Consejero de Educación, por la que se regula el servicio de transporte escolar en la Comunidad de Madrid (CAM). En su Artículo 2 establece los beneficiarios. En su punto 1, reitera quiénes tienen derecho por mandato de Ley (LOGSE y LOCE); y en el punto 2, aquéllos a quienes -sin condición de derecho exigible- se extiende el servicio de transporte escolar por concurrir alguna circunstancia. El responsable es el entonces Consejero de Educación de la CAM.
El derecho lo establecen las Cortes Generales para toda España. La extensión de ese servicio a otros casos la establece la CAM. Ahora La CAM está reduciendo esa extensión que existía.
En Vva. del Pardillo, tendrían derecho por ley, los alumnos de Las Cuestas, y les sería extensivo el servicio por la Orden a los alumnos con domicilio familiar en La Vegas, en Santa María y en algunas viviendas del casco urbano.
La causa presupuestaria es el recorte a este servicio, establecido en la partida 503 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. La Orden dice que todo queda a expensas de las posibilidades presupuestarias. La partida 503, de Servicios Educativos (que incluye el transporte escolar) se ha reducido en un 6,81 % para este año aunque los Presupuestos Generales de la CAM han aumentado un 1,90 %, y los de Educación un 1,30 %. La Comunidad gasta poco y cada año menos en Educación, a pesar de que la población escolar aumenta cada año. (Anexo 1). El responsable es el Gobierno de la CAM.
La causa próxima es la decisión administrativa de la Dirección del Área Territorial Oeste que elige qué rutas sí y qué rutas no se suprimen, en aplicación de la Orden y del mandato recibido de la Consejería de Educación para contribuir al recorte de gastos de transporte. Aunque en Villanueva del Pardillo no recorta un 6,81 % del gasto de transporte sino un 50 %. El responsable es el Director del Área Territorial Oeste.
Las cosas pueden ser de otra manera. Observando la Orden, una de aquellas circunstancias que aconsejan extender el servicio de transporte escolar se establece en el punto 2 d), y dice: (serán beneficiarios por) “Estar matriculados en centros de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, en centros públicos aislados o situados en zonas de difícil acceso, cuando carezcan de transporte público y en los que resulte aconsejable, a juicio de la Administración educativa y por razones de seguridad, transportar a los alumnos.”
En estos casos, la Orden otorga discrecionalidad a la Administración educativa para extender este servicio pensando en la calidad educativa.
Además, en el mismo Artículo 2, punto 3 b) permite contratar transporte escolar a cargo de la Consejería de Educación “cuando razones de interés público...aconsejen la contratación de rutas de trasporte escolar como parte de las medidas de intervención administrativa necesarias para solucionar problemas concretos que puedan plantearse...”
La Orden establece unos plazos de extinción de las rutas existentes que no cumplan los requisitos. El anterior Consejero, Sr. Peral, restringió el servicio en una Orden, la nueva Consejera, Sra. Figar, está restringiendo el servicio en los municipios y el Director del Área, Señor Macías quiere reducir a la mitad este servicio en Villanueva del Pardillo.
El plazo se cumplió ya para nuestras rutas. Como vence el contrato de tres de ellas, se disponen a suprimirlas, dejando las otras tres hasta que se cumpla su contrato- una en el curso 2010-2011 y dos en el 2011-2012-, momentos en que se aplicará previsiblemente la misma interpretación de la Orden y serán así mismo suprimidas.
El transporte escolar, entonces, quedará reducido –si no hay nuevos recortes presupuestarios- a las tres urbanizaciones exteriores al casco urbano. Hay además algún ciento de viviendas del casco urbano que se encuentran a más de 3 kilómetros del instituto -1 km para discapacitados- pues esa distancia se establece desde el instituto a las viviendas, no a las paradas (discrecionales) de los autobuses.
No conocemos ningún estudio sobre distancia de las viviendas, por lo que la supresión grosera de rutas conllevará desorden, embrollos administrativos y conflictos legales.
En cuanto a quienes viven a menos de esa distancia, la DAT parece no considerar ni que hay razones de interés público ni que el instituto está aislado ni en zona de difícil acceso ni que carece de transporte público, por lo que a su juicio no hay razones de calidad educativa ni de seguridad que aconsejen la continuidad del transporte escolar. No lo consideran un problema concreto planteado para solucionar.
Pero el instituto sí está en una zona aislada, fuera del casco urbano -lo que no es normal-, en una zona alejada, y sí se presentan razones de calidad y de seguridad, que aconsejan mantener el transporte escolar. Sí habrá aquí un problema concreto para cuatrocientos alumnos, para sus padres y para sus profesores; y también para el municipio todo.
El instituto pudo y debió hacerse en el casco urbano. Está lejos como consecuencia de una decisión de la que es responsable el entonces Alcalde y a la vez Concejal de Urbanismo. Fue una decisión imprudente. El municipio no tiene transporte público propio y el transporte general es escaso, y eso es crucial tratándose de un centro escolar, usado por menores durante cinco días semanales (a diferencia de otras instalaciones de uso público, p. ej. deportivas o religiosas, que se visitan con menor obligación horaria). No obstante, el Alcalde aseguró públicamente, y fue publicado también, que habría transporte escolar.
Durante estos años -desde el origen- el instituto ha padecido las consecuencias de aquella imprudencia, en los traslados en general, en los traslados de los alumnos de bachillerato, en la dificultad para las actividades de la tarde, etc.
Si aquella decisión pudo ser un error -por imprevisión de consecuencias-, la decisión posterior de entregar un solar a un centro privado -éste sí en el casco urbano- convirtió un error de origen en un mal original (con conciencia de las consecuencias, que afecta a todos y para siempre) pues se creó un agravio comparativo que pesa y pesará en el municipio.
Los directores del instituto han dejado dicho en muchas actas su inconformidad con esa desigualdad comparativa, desde el momento en que se estableció en la villa la competencia entre el instituto público y un centro privado, bajo el argumento adoptado por la Concejalía de Educación de que tiene que haber libre elección de los padres sobre la educación de sus hijos.
No era grave -así lo decían la Concejalía y la Alcaldía- puesto que había transporte escolar, aunque los alumnos de bachillerato tenían y tienen que desplazarse por sus medios o en el autobús de línea regular que entra al instituto, que no alcanza a todos y que tiene problemas de puntualidad especialmente en días de atascos o de condiciones climáticas adversas, lo que necesitó de varias reuniones con la Alcaldía, y que está aún mal resuelto.
El mal transporte de los alumnos de bachillerato es una consecuencia de aquel mal de origen. Creemos que debe hacerse también en transporte escolar.
La DAT, sin embargo, puede interpretar la Orden. No está sujeta necesariamente a aplicar el Artículo 2 punto 1, sino que puede optar por el punto 2 c), o por el punto 3 b). La misma Orden otorga a las autoridades educativas margen de discrecionalidad para juzgar situaciones y resolverlas mediante contrataciones, por sí o mediante convenio con los ayuntamientos, o ambas. Y puede elegir -dentro del mandato de la Orden y de la pérdida presupuestaria- qué rutas es más razonable mantener. Es una decisión del Director del Área.
La decisión de suprimir nuestras rutas es una decisión administrativa que no atiende a las circunstancias, una decisión de despacho (ni el inspector ni el Director de Área han inspeccionado el camino del instituto). Es una decisión irresponsable, no atiende a las circunstancias, es contraria a la calidad educativa, al interés general, arriesga la seguridad de los alumnos, de sus padres, del instituto y del bien general. En vez de resolver un problema concreto, crea un problema concreto que estaba resuelto.
Lo es también porque privilegia al centro privado y devalúa al centro público. Una decisión que disminuye aún más, incluso dificulta la libre elección de centro escolar, tanto en la matriculación como en los posteriores traslados. Es una decisión contraria al instituto público, tomada por las autoridades públicas educativas, que deben conservar, mejorar y ampliar los bienes públicos.
Lo es porque ahonda en la desigualdad. Es el momento de recordar algo sobre la equidad educativa. Los centros públicos del municipio -y también el instituto- se hacen cargo, según su vocación comprensiva, de todos los alumnos que les llegan, incluidos los que traen dificultades educativas propias (necesidades educativas especiales, necesidades de compensación educativa y alumnos inmigrantes). El centro privado por el contrario admite a sus alumnos con criterios selectivos. Mientras los centros públicos tienen una media de entre 8 y 13 alumnos con necesidades educativas propias, en cada aula, el centro privado tiene ninguno o uno.
La Comisión de Escolarización no hace nada por remediar esto distribuyendo esas dificultades de manera equitativa. La política educativa de la Concejalía de Educación permite o promueve la desigualdad.
El AMPTA del instituto propuso a dicha Comisión que estudiara, debatiera y resolviera esa situación de desigualdad entre centros, pero la petición no fue escuchada ni atendida. El Director del instituto propuso a dicha Comisión que el centro privado abriera Aula de Enlace para recibir a alumnos extranjeros, pero la propuesta no fue escuchada ni atendida. El director de tal centro se negó, lo que mostró su actitud selectiva. La Concejala de Educación y la Inspectora callaron.
Pero la realidad firme es que hay 100 alumnos con necesidades educativas propias que deberían estar en el centro privado y que sin embargo están también en los centros públicos.
Ahora se prevé la llegada de otro colegio privado al municipio. El ya existente se instaló sobre suelo público gratuito, dentro del casco urbano. El que se anuncia, que se supone se instalará también gratuitamente sobre suelo público, ya se prometía en campaña electoral, lo que permite pensar que no viene enteramente a iniciativa propia (y privada) sino promovido por instancias públicas.
Se abre la posibilidad de una duda sobre la naturaleza de tales instancias que promueven tan activamente la llegada de negocios educativos -pero no de centros públicos- mediante cesión de bienes generales a particulares con ánimo de lucro; duda que persiste al considerar la naturaleza de las gestiones, si públicas o no, si promueven el bien público o el bien particular, no hechas por un agente o representante comercial sino hechas desde la ostentación de cargos públicos, remunerados con dineros públicos.
Pues –y de ser así, no sería la primera vez- no siendo suficiente el promover la oferta (centros escolares privados) considerados los centros de enseñanza como bienes en el mercado, y por tanto considerando la educación como mercancía, además ahora se intervendría en la demanda (por ejemplo dificultando el transporte escolar al instituto, o reduciendo los gastos de los centros públicos pero aumentando los de los privados, o incrementando los módulos de la Enseñanza Concertada, etc., como sí sucede cada año). De esta manera se estaría dirigiendo el mercado, incluso haciendo imposible para los padres y las madres la libre elección educativa que se proclama.
No escapa a nadie el fácil pensamiento de que, si se suprimieren rutas al instituto, quedarían disponibles algunos cientos de alumnos, listos para matricularse en los colegios privados, en el casco urbano, y eso ya desde Infantil y Primaria.
Es una decisión irresponsable también considerando la calidad educativa, la cual resulta estar de parte de los centros públicos. En todas las evaluaciones oficiales externas (de dudoso valor pero imparciales, es decir que en ellas no cuenta el carácter de alumno-cliente que puede tal vez pesar en las evaluaciones privadas) hechas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, los centros públicos y el instituto han obtenido mejores resultados que el centro privado. El instituto además obtuvo resultados notables, cuando menos, y excelentes en muchos apartados.
Desde aquí queremos reconocer una vez más el esfuerzo de los equipos directivos, de los claustros, del personal no docente y de los alumnos de los centros públicos; queremos reconocer sus trabajos y felicitarles por los buenos resultados educativos que logran, por la excelente labor de cohesión social y por atender también las dificultades que el centro privado no atiende y debiera.
El instituto no merece esta decisión injusta, desagradecida y hostil especialmente contra los alumnos, cuyos trabajos, comportamientos y resultados son buenos.
La libre elección de centro -cada vez más marcada y difícil-, la equidad y la calidad educativas van a ser maltratadas, es decir van a ser maltratados quienes las practican, defienden y realizan en los centros públicos.
Para ayudar al mejor juicio de las autoridades educativas les recordamos:
- Que los alumnos de ESO son menores de edad, cuya protección y mejor educación nos obligan a todos.
- Que el instituto está aislado, fuera del casco urbano, pues entre éste y aquél hay un kilómetro de carretera peligrosa o de camino sinuoso, escasamente iluminado, descampado, deshabitado, solitario, con un pinar y unas ruinas.
- Que no existe alternativa de transporte público, ni propio del municipio ni de línea regular. Sólo un autobús entra hasta el instituto en horario de entrada o salida escolares y está saturado por los alumnos de bachillerato, no siempre es puntual, y ha producido y a veces aún produce impuntualidad de los alumnos, involuntaria pero sufrida por ellos y por sus profesores y personal no docente.
- Que el transporte de línea no reúne condiciones de seguridad para transporte escolar masivo y que por eso éste está propiamente regulado.
- Que la alternativa de que los padres lleven a sus hijos -resolviendo ellos un problema no creado por ellos- no es suficiente, especialmente porque son horarios laborales y los padres están camino de sus trabajos, a más de otras razones: no todos pueden hacerlo, produciría atascos en la rotonda de salida y la propia calle del instituto en hora en que ya los hay, sería un gasto más para las familias de los alumnos del instituto, etc. Tanto los que fueren en coche como los que fueren a pie crearían un atasco peligroso e inconveniente en la rotonda de salida, en hora punta de tráfico.
- Que la alternativa de ir y venir andando no es aceptable. Los alumnos recorrerían entre uno y tres kilómetros (entre 15 y 45 minutos), uno de ellos o por una carretera de alto uso y alta velocidad, y más en hora punta, o a través de zona descampada, no urbanizada, deshabitada, mal iluminada (ayer el puente sobre el Arroyo Palacios estaba en la oscuridad), por un camino sinuoso, solitario, entre un pinar, al lado de unas ruinas con frecuencia `mal visitadas´, según se ve en los restos allí dejados, por la que no hay rondas de patrullas de vigilancia. Todo el camino es un lugar con riesgos potenciales fáciles de prever: accidentes, caídas, agresiones, tráfico de estupefacientes, etc.
Irían de noche durante varios meses del curso. Irían -y regresarían- bajo condiciones climáticas invernales que incluyen 24 días de niebla, 3 días de nieve, 58 días de lluvias, 15 días de heladas y 11 días de tormenta, durante los meses del curso; y eso según las condiciones normales de Madrid, pero que hemos de considerarlas agravadas por la influencia del clima de la sierra; a ellos hay que añadir los días de viento pues nuestra zona está batida por, y desprotegida ante el “efecto Föhn”. Además de esos valores medios, los alumnos sufrirían días de valores climáticos más extremos. (Anexo 2)
Ni aquélla ni ésa ni ésta son alternativas aceptables al transporte escolar. Si la consideración de las razones no sirve, apelamos a la sensibilidad directa. Invitamos a las autoridades a recorrer ese trayecto a la hora en que lo harían los alumnos y en las condiciones en que ellos lo harían; nos ofrecemos para acompañarles, detectar los peligros e inconvenientes, de manera que razones y sensaciones directas alumbren mejor su juicio.
- Que puede preverse un problema de impuntualidad generalizada, y un aumento de absentismo -que tanto cuesta reducir- en un instituto en el que no hay esos problemas.
- Que aumentaría el tiempo de desplazamiento de los alumnos.
- Que se cargaría a los alumnos del instituto -como ya hoy a los de bachillerato- con un gasto económico por desplazamiento.
- Que los atascos de coches en hora punta de tráfico, aumentado por los pasos en tropel de peatones por las rotondas, no responden a ninguna idea de movilidad sostenible ni contribuyen a un municipio sostenible.
- Que los problemas de seguridad aumentarían, en un instituto donde hasta ahora no los hay, ni de seguridad personal, ni de faltas o delitos, ni en el recinto ni en el entorno.
- Que aumentaría el riesgo de accidentes “in itínere”.
- Que todo ello sería un agravio entre los alumnos de instituto y los alumnos del centro privado. La división social entre jóvenes, que no existía pero que ya se inició con la creación de un centro privado selectivo, se ahondaría. Los alumnos del instituto pasarían todos los días por las puertas del colegio privado; a la ida, justo antes de adentrarse en el descampado inhóspito, en horas aún nocturnas, bajo un tiempo inclemente, con mochilas llenas sobre los abultados abrigos.
Así pues, la imprudencia inicial de crear el instituto lejos, se convertiría en fuente y causa de problemas nuevos y permanentes, en un agravio hostil, en una discriminación negativa, en fuente de malestar o conflictos, en disminución de la equidad y de la calidad educativas, en un aumento de la inseguridad, y sería por tanto una irresponsabilidad manifiesta.
Solicitamos a, y esperamos de las autoridades educativas que juzguen aplicables los puntos de la Orden que permiten la continuidad del transporte escolar en Villanueva del Pardillo.
Solicitamos a, y esperamos de las autoridades municipales que hagan las gestiones necesarias para conservar y completar el transporte escolar en Villanueva del Pardillo para todos los alumnos del instituto.
Solicitamos a, y esperamos de toda la COMUNIDAD EDUCATIVA DE VILLANUEVA DEL PARDILLO que nos ayuden en nuestra resistencia, especialmente a sus instituciones: Consejo Escolar Municipal, Consejos Escolares de centro, Claustros de profesores, APAs y representantes de estudiantes de instituto.
Junta Directiva de AMPTA “IES SAPERE AUDE” de Vva. Del Pardillo
21 de enero de 2009
